La exconcejal de Hialeah, Angélica Pacheco, aceptó este lunes su responsabilidad penal al declararse culpable de ofrecer declaraciones falsas ante autoridades federales en Estados Unidos.
La admisión de culpabilidad se dio en el marco de un proceso judicial que inicialmente incluía ocho cargos relacionados con fraude al sistema de cuidado de salud, vinculados a Florida Life, un centro de rehabilitación y tratamiento por abuso de sustancias del que Pacheco era beneficiaria.
De acuerdo con la acusación original, Angélica Pacheco participó en la certificación falsa de información presentada ante la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos. El documento señalaba que fondos de un préstamo habían sido utilizados para gastos elegibles, incluyendo más de 54 mil dólares en nómina, lo cual no ocurrió.
El caso federal contra Angélica Pacheco
La fiscalía sostuvo que la certificación fue presentada entre febrero y julio de 2021 y que la acusada conocía que Florida Life no había realizado los pagos reportados. Como resultado del acuerdo de culpabilidad, el proceso se redujo a un solo cargo federal.
La sentencia quedó programada para el 16 de abril. La pena máxima contempla hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa que puede alcanzar los 250 mil dólares.
Además, Angélica Pacheco se entregó al FBI en junio de 2024, semanas antes de que el caso tomara notoriedad pública. En ese momento, negó los señalamientos y aseguró que demostraría su inocencia.
Reacciones políticas y contexto local
Tras la imputación inicial, Pacheco afirmó que las acusaciones respondían a una supuesta conspiración política encabezada por el entonces alcalde de Hialeah, Esteban Bovo. La exconcejal sostuvo que su postura crítica hacia prácticas internas del gobierno local provocó represalias.
Por su parte, Esteban Bovo declaró que los cargos federales no guardaban relación con el desempeño de Pacheco como funcionaria municipal. Asimismo, indicó que el proceso corresponde exclusivamente a una investigación de carácter federal.
El caso se desarrolla en un contexto de mayor escrutinio a funcionarios locales del sur de Florida, donde investigaciones federales recientes han derivado en procesos judiciales y sentencias penales.
