El Departamento de Justicia presentó una demanda civil para retirar la ciudadanía estadounidense al exalcalde de North Miami, Philippe Bien-Aime. Las autoridades federales lo acusan de haber mentido durante su proceso de naturalización.
Según documentos judiciales de 13 páginas, el gobierno sostiene que Bien-Aime “tergiversó deliberadamente su identidad e historial migratorio” al solicitar la ciudadanía. Además, la demanda fue revisada por medios locales y detalla supuestas inconsistencias en sus antecedentes.
Acusaciones contra el exalcalde de North Miami
Registros del Departamento de Seguridad Nacional, incluidos análisis de huellas dactilares, indicarían que Bien-Aime es la misma persona que anteriormente fue objeto de una orden de expulsión bajo el nombre de Philippe Janvier. En consecuencia, el gobierno argumenta que existió ocultamiento de información relevante.
La demanda señala que, el 31 de julio de 2000, un juez de inmigración determinó que Janvier ingresó a Estados Unidos mediante fraude, utilizando presuntamente un pasaporte con fotografía alterada. Asimismo, el juez ordenó su deportación a Haití. Sin embargo, no existirían registros que confirmen su salida del país.
Por otro lado, los fiscales federales también cuestionan la validez de un matrimonio utilizado como base para su proceso migratorio. Alegan que el certificado de divorcio presentado sería fraudulento, lo que implicaría una posible situación de bigamia.
Posibles implicaciones legales y políticas
Bien-Aime, originario de Haití, fue elegido alcalde en 2019 y recientemente compitió sin éxito por un escaño en la Comisión del Condado de Miami-Dade. No obstante, se negó a comentar públicamente las acusaciones cuando fue contactado por medios locales.
Su abogado declaró que están revisando la solicitud del gobierno y que responderán por los canales legales correspondientes. Del mismo modo, evitó ofrecer declaraciones adicionales debido a que el litigio sigue en curso.
Si el tribunal revoca la ciudadanía del exalcalde, podrían surgir cuestionamientos sobre la legalidad de su mandato. Además, el código municipal de North Miami exige que quienes aspiren a cargos públicos sean ciudadanos con derecho a voto y estén debidamente registrados.
El caso permanece en proceso judicial y podría tener repercusiones tanto migratorias como políticas en la ciudad.
