Miles de venezolanos que viven sin documentos en Colombia enfrentan una creciente incertidumbre ante los nuevos controles migratorios anunciados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. En Bogotá, algunos buscan alternativas para regularizar su situación, mientras otros aseguran que tienen pocas opciones disponibles.
Colombia alberga a casi tres millones de ciudadanos de Venezuela, cerca del 90% de la población inmigrante del país. Alrededor de 850,000 permanecen sin documentos, según la información de referencia.
Venezolanos buscan opciones para permanecer en Colombia
Andreína Zárraga, de 35 años, acudió a una oficina de Migración Colombia para conocer las alternativas disponibles para sus padres, quienes se encuentran en situación irregular. Sin embargo, descubrió que actualmente no pueden acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT).
El Gobierno limitó este mecanismo desde finales de 2023 a menores de edad que estudien en Colombia. Para Zárraga, el problema radica en que existen pocas vías para que quienes llevan años en el país puedan regularizarse.
Valeria Guzmán enfrenta una situación similar. Lleva nueve años en Colombia sin documentos y no solicitó el PPT cuando podía hacerlo. Después del nacimiento de su hija y del anuncio gubernamental sobre deportaciones, decidió iniciar su regularización.
Pagó una multa de 2.5 millones de pesos colombianos y ahora tramita un salvoconducto para solicitar una visa como madre de una ciudadana colombiana.
Aumentan las consultas sobre regularización migratoria
El Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana en Bogotá también registra el impacto de la incertidumbre. Su directora, Gabriela Thiriat, señaló que anteriormente recibían aproximadamente una consulta cada 15 días. Desde el anuncio presidencial, atienden ocho solicitudes semanales.
Migración Colombia informó el 18 de septiembre que había realizado cerca de 40 expulsiones y deportaciones de extranjeros en Bogotá desde el 7 de agosto. Según la institución, todos tenían antecedentes relacionados con delitos, comparendos o afectaciones a la convivencia.
Rosmel Flores, de 22 años, permanece sin documentos y considera difícil regularizarse debido a los costos y requisitos. Pese a la posibilidad de una deportación, asegura que no planea regresar voluntariamente a Venezuela.
Para estas familias, la incertidumbre continúa mientras intentan encontrar una vía que les permita permanecer legalmente en Colombia.
